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Reforma educativa con deplorable infraestructura

By on agosto 30, 2015

Eduardo Ibarra Aguirre  |

 

 

Únicamente el 10 por ciento de las 152 mil 469 escuelas de educación básica cuenta con certificado de calidad de su infraestructura educativa, a fin de garantizar su seguridad, funcionalidad, oportunidad, equidad, sustentabilidad y pertinencia.

Lo anterior no lo sostiene la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que, como su nombre lo indica coordina una pluralidad magisterial que ni remotamente refleja la oaxaqueña sección 22, ni tampoco la de Guerrero, seguramente las más rijosas y estridentes, para unos, y las más combativas para otros.

El apabullante dato lo dio a conocer nada menos que el director general del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa. El Inifed está fuera de toda sospecha ideológica o política porque “es un organismo descentralizado de la Secretaría de Educación Pública, cuyo objetivo es fungir como la entidad con capacidad normativa, de consultoría y certificación de la calidad de la infraestructura física educativa del país, de construcción y como una instancia asesora en materia de prevención y atención de daños ocasionados por desastres naturales, tecnológicos o humanos en el sector educativo. Para dar cumplimiento a lo anterior, el instituto considerará en todo momento las características particulares de cada región del país, con base en su riqueza y diversidad.” Tal es lo que establece la Ley General de la Infraestructura Física Educativa, en su artículo 16.

Aclarado el objetivo, el funcionario informó que 20 por ciento de los planteles, es decir, más de 15 mil carecen de agua potable, cerca de 4 mil no cuentan con energía eléctrica, y de los 40 mil bebederos programados como meta para este sexenio sólo se han instalado 2 mil 675.

Miguel Ángel Vega Vargas, director general del Inifed, abundó que hasta el 18 de agosto del presente, 2.8 años después del inicio del gobierno que anuncia hasta el hartazgo Mover a México, se tiene un avance de 49 por ciento (74 mil 600) en el estudio técnico de los 152 mil planteles educativos en el país. Pero sólo en el estudio técnico y será hasta diciembre cuando concluirá el Programa de Diagnóstico de la Infraestructura Física, lo que permitirá “determinar el grado de seguridad, funcionalidad y habitabilidad de las escuelas”, tarea en la que todavía deben evaluarse las condiciones técnicas de nada menos que 78 mil centros educativos.

El funcionario Vega Vargas insistió en que hay avances en el diagnóstico de la infraestructura educativa, pero no supo ni pudo especificar cuántos planteles y en qué entidades federativas enfrentan las mayores carencias, porque: “En este momento no traigo las cifras”. Es sabido que Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán encabezan las mayores, además de las ya mencionadas existen otras como profesores que atienden a los seis grados de primaria, laboran sin mesa y erogan de su bolsillo para cubrir necesidades apremiantes. No es casual que en estos cuatro estados el reclamo magisterial sea más hondo y generalizado, mientras con singular torpeza el gobierno de Gabino Cué pone en acción a la Procuraduría para detener a dirigentes que intentaron boicotear las elecciones del 7 de junio.

En las condiciones físicas en que se encuentran muchos planteles es muy poco serio aplicar la reforma educativa de la OCDE que dirige José Ángel Gurría, impulsada por la plutocracia mexicana y publicitada con singular candidez por la SEP como benéfica para las condiciones de vida y de trabajo de los profesores, cuando éstos alegan y demuestran lo contrario.

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