Humberto Moreira y la justicia española

Álvaro González  |

 

La sorpresiva aprehensión del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, en el Aeropuerto de Madrid-Barajas, acusado de los delitos de lavado de dinero, malversación de recursos públicos, organización criminal y cohecho, sacudió a todo el medio político y social del estado, pero además generó una ola mediática nacional. Nunca antes un exgobernador mexicano había sido detenido en el extranjero y acusado de delitos tan graves. La cubertura fue extensa pero, si la vemos desde el escenario de Coahuila, la información que se manejó en todos los medios no aportó, en rigor, nada nuevo desde el punto de vista judicial.

 

La detención de Humberto Moreira por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, con base en una orden emitida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, se basa en transferencias bancarias realizadas desde los Estados Unidos de Norteamérica a España, por un monto total de 200 mil euros (3.9 millones de pesos), en el transcurso de 2013.

Santiago Pedraz es un juez con un prestigio de duro hacia figuras públicas y de posición económica y social alta; sin embargo, los elementos para la aprehensión se antojan débiles, pero la justicia española no funciona como la mexicana. En el caso de España se puede detener a una persona por un delito comprobado, pero el juez asignado realiza una labor de investigación, a diferencia de México, donde la investigación ya debe ir lo más sólido posible integrada, pues en ella se basará el proceso judicial, tanto de la parte acusatoria como de la defensa.

La justicia española inició su investigación a petición de autoridades en Estados Unidos de Norteamérica, específicamente la fiscalía que lleva los casos de Javier Villarreal, extesorero del estado en el periodo de Humberto Moreira; Jorge Torres, gobernador interino por un año, y el empresario de medios electrónicos Rolando González Treviño. Respectivamente, el primero ya se encuentra libre, el segundo prófugo y el tercero enfrenta actualmente un proceso penal en San Antonio, Texas.

Javier Villarreal, quien puede ser considerado hasta ahora como el implicado más importante en el escándalo financiero del gobierno de Humberto Moreira, se entregó en Texas en febrero de 2014, y seis meses después se declaró culpable por un cargo de lavado de dinero adicional al que le fincaron junto con Jorge Torres (5 millones de dólares depositados en bancos de Las Bermudas, en cuentas abiertas entre 2008 y 2009). Villarreal aceptó el decomiso de 6.9 millones de dólares en bienes y renunció a 2.3 millones de dólares depositados en Las Bermudas. A cambio de eso y de su colaboración con las autoridades judiciales texanas, está libre desde el 8 de diciembre de 2014. Hasta esa fecha la fiscalía no dio a conocer ninguna información que implicara de manera directa y probada al exgobernador Humberto Moreira; se desconoce si tiene en custodia y en proceso de investigación elementos en contra de éste.

El nombre de Humberto Moreira apareció por primera vez con la detención de Rolando González Treviño, quien fue procesado por lavado de dinero y declaró que se transfirieron 1.8 millones de dólares a cuentas de Estados Unidos para la adquisición de medios de comunicación, afirmando que el manejo de estas operaciones se realizaron en el domicilio del exgobernador de Coahuila y por instrucciones de éste. González Treviño se declaró culpable del cargo de conspiración para cometer fraude el pasado mayo de 2015, y su audiencia de sentencia en la Corte de Distrito para el Oeste de Texas, será el próximo 10 de marzo, aunque podría ser aplazada.

Por su parte, el exgobernador interino Jorge Torres está acusado de fraude financiero y lavado de dinero por 5 millones de dólares, en compañía de Javier Villarreal. Se giró orden de aprehensión pero se encuentra prófugo de la justicia. En diciembre pasado falleció su madre en la ciudad de Saltillo y no asistió a su funeral. Se desconoce su ubicación.

De acuerdo a las autoridades judiciales del estado de Texas, el gobierno de Humberto Moreira habría operado una red de corrupción para lavar alrededor de 3,000 millones de pesos en cuentas y bienes ubicados en Estados Unidos, que fueron sustraído presumiblemente del erario estatal, no obstante hasta ahora y de acuerdo a las declaraciones de los implicados, dos de los cuales son considerados como los principales, las cantidades que se han manejado pueden considerarse muy distantes de esa cantidad. A Javier Villarreal se le incautaron un poco menos de 10 millones de dólares en total, lo que al cambio del año pasado hacen cerca de 160 millones de pesos, con lo cual alcanzó su libertad. En el caso de Jorge Torres se le imputan, de manera directa, no más de 2 millones de dólares en depósitos localizados en bancos de Las Bermudas, lo que hace apenas 16 millones de pesos, mientras que a Rolando González Treviño se le atribuyen 1.8 millones de dólares (15 millones de pesos al tipo de cambio del año pasado).

Se prevé que Rolando González Treviño pagará una sanción económica y es muy probable que quede en libertad en marzo próximo. En el caso de Jorge Torres se desconoce si la fiscalía texana tenga más cargos en su contra, además de la agraviante condición de prófugo.

HMV saliendo a la libertad condicional.

En el caso de Humberto Moreira su situación jurídica dependerá de la aportación que hagan las autoridades norteamericanas al juez español que lleva la investigación. Si esta aportación implicara información nueva e importante sobre los delitos que se le atribuyen, el juicio se puede tornar muy delicado en contra del exgobernador; pero si no se da esa aportación de elementos, la acusación de lavado de dinero por 200 mil euros va a terminar siendo más ruido que otra cosa, casi un exceso por parte del juez Santiago Pedraz, que parecerá no ir acorde con la reputación de la que éste goza en el medio judicial de España.

Por lo pronto el viernes 22 se le dictó auto de libertad condicional a Humberto Moreira, pero se le retiró su pasaporte para que no pueda abandonar España, en tanto se lleva a cabo la investigación correspondiente y se fija la próxima audiencia.

Si el principal de los implicados se entregó desde 2014 y el último en 2015, después de que se abriera el caso desde el 2013, es ingenuo pensar que Humberto Moreira no haya tomado medidas precautorias para protegerse de una investigación, por lo menos eliminar todas las evidencias que estén a su alcance en el extranjero, porque las autoridades gubernamentales mexicanas, tanto de nivel estatal como federal, no aportarán absolutamente ninguna información a la justicia española, lo que hace prever que todo está no en las manos de la Audiencia Nacional, ni del juez Santiago Pedraz, sino de la fiscalía del oeste de Texas, con el entendido de que todo el dinero y bienes que se logren incautar quedarán en poder de las autoridades norteamericanas: ni un peso que haya salido de la frontera mexicana regresará.

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